La reforma a la Ley de la Industria Eléctrica: prioridades equivocadas, decisiones equivocadas

Externalidades ambientales y seguridad energética

En los últimos años, la dicotomía entre fuentes fósiles y renovables se ha configurado a partir de un discurso antagónico que las ubica en extremos distintos, cuando, en realidad, ambas son parte de un continuo temporal exacerbado por dos motivaciones clave que encaminan y encuadran las discusiones actuales (y las futuras): las externalidades ambientales y la seguridad energética. Ambas forman parte de la transición energética que, como generación, nos está tocando llevar a cabo, y en la que, tristemente, ya vamos tarde.

El concepto de transición energética no es algo nuevo. En realidad, como sociedad, hemos pasado por varias transiciones de este tipo (como cuando de la madera pasamos al uso del carbón, que terminó por desencadenar la revolución industrial). El problema de la transición que nos ha tocado es que, dadas las externalidades ambientales, tenemos muy poco tiempo para hacerla antes de que los daños sean irreversibles, y cada vez nos acercamos más peligrosamente al punto de no retorno. ¿Por qué? Bueno, porque es muy probable que la quema de combustibles fósiles esté cambiando el clima global. Si bien las causas del calentamiento global son múltiples y pueden tener un origen natural, también es cierto que pueden estar vinculadas a la actividad humana. Primordialmente, el cambio climático es motivado por la acumulación de gases de efecto invernadero en la atmósfera, tales como el metano, el dióxido de nitrógeno y el dióxido de carbono. Este último representa cerca de 60% de esta acumulación de gases, y proviene, no sorpresivamente, de la generación de electricidad, la calefacción, el transporte y la industria ¹. Todas actividades humanas.

Para los escépticos sobre el rol humano en el calentamiento global, dejemos la cuestión ambiental (sumamente preocupante) por un lado y enfoquémonos en la segunda motivación que mencionamos en un inicio: la seguridad energética. Veamos, otro problema de las fuentes fósiles deriva de que, dados los límites biofísicos del planeta, el mundo se enfrenta a un grave agotamiento de este tipo de recursos, que por naturaleza, son finitos. De acuerdo a cálculos recientes, derivado de la intensidad de uso actual, los recursos globales de carbón, petróleo y gas natural pueden sostener 113, 53 y 55 años, respectivamente ². ¿Qué pasará en aproximadamente 50 años que se acaben? De seguir así, un colapso económico, al agotarse las fuentes de energía que alimentan los procesos productivos, va a ser una consecuencia inevitable.

Pese a que estos problemas (y sus potenciales consecuencias) son relevantes para nuestro país, “México es el treceavo mayor emisor de gases de efecto invernadero a nivel mundial y el segundo de América Latina, solo detrás de Brasil, y contribuye con aproximadamente 1.4% de las emisiones de [gases de efecto invernadero] mundiales” ³ Según datos del último reporte de avances de energías limpias del 2018 de la Secretaría de Energía, 75.88% de la generación de electricidad proviene de fuentes fósiles, mientras que 17.29% proviene de energías renovables, como la solar, la eólica y la hidráulica. El resto, corresponde a otras energías limpias (pero no necesariamente renovables), como la energía nuclear. 

Considerando que estamos en un contexto de transición obligada y que, además, es inevitable, la lógica dictaría una búsqueda implacable por alcanzar una diversificación energética anclada en las fuentes que serán el futuro de la generación eléctrica. Lamentablemente, en nuestro país, esto no es así.  

La política de generación eléctrica en México

Ahora, una pregunta que vale la pena hacernos, al respecto de la política de generación eléctrica nacional muy comentada en semanas recientes, gira, precisamente, en torno a cómo funciona el marco regulatorio y cuáles son las propuestas y los alcances de los cambios que ya han sido avalados en el congreso.

Para entender por completo el panorama, es necesario apuntar que, previo a la reforma energética de 2013, la generación de electricidad era competencia exclusiva del estado, bajo el conducto de la CFE (aunque había un esquema de participación limitada de particulares, que vendían su electricidad a la CFE). Con la reforma de 2013, la CFE fue desintegrada horizontalmente y se configuró como una empresa productiva del estado que compite con demás generadores en un nuevo mercado ⁴.

Al respecto, las centrales renovables tenían fuertes incentivos para participar en este mercado, fundamentalmente, por la regla de despacho económico, o lo que se conoce como el orden de mérito en el despacho de electricidad. Es decir, para satisfacer la demanda, el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) despacha la electricidad con base en el mérito. Y este mérito, como en cualquier mercado, es el de aquellas empresas con menores costos, lo que les permite ofrecer la electricidad a precios más bajos, esto sin importar el origen de la fuente de generación. Da igual si es energía sucia o limpia, se despacha primero la más económica (la que tiene mayor mérito) que, dicho sea de paso, dados sus costos marginales prácticamente inexistentes, es la generada con fuentes renovables. Una vez que es despachada esta energía, continúa con las plantas generadoras que tienen un precio mayor, y así, hasta satisfacer la demanda total y lograr un precio en equilibrio (determinado por la última central despachada).

Es importante mencionar que este orden de mérito no hace distinciones a si la generación es de origen privado o de la CFE y, por tanto, no significa que la CFE esté obligada a comprar electricidad a sus competidores (como algunos argumentan), simplemente que se tiene que comprar la electricidad que sea la más barata. Además, esta regla de despacho está alineada con la transición energética, puesto que, poco a poco, se van quedando fuera del mercado las generadoras más ineficientes (o a las que ofrecen los precios más altos), que generalmente son las más viejas y contaminantes, como las carboeléctricas y las de combustión interna. El problema es que estas, en su mayoría, son precisamente las plantas de la CFE y, de acuerdo con datos de la propia paraestatal, pueden llegar a tener costos variables de hasta 10 veces más que sus contrapartes limpias en el mercado.

El gobierno actual, argumentando que la reforma de 2013 fue en detrimento de la CFE, lo que pretende es fortalecerla. Esto no tiene nada de malo, de hecho, como empresa pública (es decir, propiedad de todos) es sumamente deseable. El problema es la forma en la que pretende hacerlo. Me explico, cualquier empresa, ya sea pública o privada, se fortalece haciéndola eficiente. Esto es, invirtiendo en infraestructura, mejorando sus procesos productivos, etc. Sin embargo, en lugar de eso, lo que el gobierno pretende es favorecer a la CFE y la obsolescencia de sus plantas al modificar, literalmente, la arquitectura del mercado. Es decir, pretende hacerla más competitiva sin hacerla más eficiente “truqueando” las reglas del juego.

Para esto, propone una redefinición de las reglas de despacho. Esto es, propone cambiar el orden de mérito en el despacho por un despacho por entrega física. Es decir, se pretende que en lugar de despachar primero a las generadoras más eficientes y, por tanto, las más baratas, se despachen primero todas las centrales de la CFE. Empezando, en primer lugar, por las hidroeléctricas, luego todas las demás plantas de la CFE (sin importar la fuente de generación, es decir, incluidas las de carbón  y combustóleo) y, en último lugar, la energía solar, fotovoltaica y de ciclo combinado de los privados.

Esto, sin duda, es un contrasentido a la ley de la transición energética y es una barrera para las energías renovables. ¿Por qué? Pues porque básicamente esta nueva arquitectura está diseñada para solucionar la obsolescencia de las plantas de la CFE al favorecerlas en el mercado, pero sin hacerla más eficiente. Si bien la prioridad de las plantas hidroeléctricas está bien fundamentada, al tratarse de energía limpia y renovable con costos marginales bajos, en el despacho por orden de mérito siempre son despachadas, es decir, no hay ninguna necesidad de ponerlas en primer lugar. Adicionalmente, de acuerdo con datos recientes del Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional (PRODESEN), la capacidad instalada de estas plantas en el país alcanza para satisfacer —si bien nos va— 16% de la demanda, el resto, con este nuevo orden, será despachado por plantas estatales altamente contaminantes.

Por lo tanto, con este cambio, en lugar de dejar fuera del mercado a las tecnologías más caras y contaminantes, se está dejando fuera a las otras renovables. Esto, lamentablemente, va a tener dos consecuencias muy claras: en primer lugar, una electricidad mucho más sucia y, en segundo, un incremento en los costos de generación, que requerirá de mayores subsidios por parte del gobierno para no incrementar los precios en los recibos de luz de los usuarios. Ambas terminaremos por sufrirlas todos y cada uno de los mexicanos. Por un lado, en el aire que respiramos cotidianamente y, por el otro, a través de precios más altos de electricidad, de mayores impuestos para subsidiarla, o por la falta de inversión en otras áreas de necesidad prioritaria.

Como mencioné en un inicio, la transición energética que nos toca es inevitable. No se trata de decidir si, como nación, la queremos o no, todos vamos en esa dirección. La decisión, pues, es si queremos subirnos al tren global para llegar rápido y sin contratiempos. Sin embargo, nuestro gobierno se obstina en llevarnos a pie y, además, cargando con un costal pesadísimo: por ayudar a la CFE, estamos sacrificando nuestro medio ambiente, nuestra salud, nuestros bolsillos y el futuro de nuestros hijos.

Vaya prioridades.